Resumen: El trabajador tras la extinción de su relación laboral por despido objetivo solicitó prestación por desempleo. El SEPE le reconoció prestación contributiva por desempleo por un periodo de 600 día. Al no estar conforme presentó reclamación previa, que fue desestimada por resolución de 10 de agosto de 2022. Antes del despido su contrato fue suspendido en distintos periodos al estar incurso en ERTE-Covid. Tras interponer demanda el JS estimó su pretensión y le reconoció 720 días. El TSJ confirmó la sentencia de instancia, por considerar que el tiempo durante el cual el trabajador permaneció en situación de suspensión de contrato por ERTE-Covid debe entenderse como cotizado para percibir la prestación de desempleo. La Sala IV afirma que el tiempo de suspensión contractual por causa de fuerza mayor asociada a los efectos de la pandemia (ERTE) no computa como cotizado a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. Aplica las normas comunes por no existir una previsión específica en la regulación de los ERTEs. Estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el SEPE. Sigue la doctrina fijada en STS Pleno 980/2023, de 16 noviembre (rcud 5326/2022), seguida por otras muchas.
Resumen: La trabajadora accedió a la situación legal de desempleo por extinción de su relación laboral en mayo de de 2021. El SEPE le reconoció prestación contributiva por desempleo teniendo con consideración 1962 días cotizados, que generaban 600 días de derecho y 228 consumidos. Al no estar conforme presentó reclamación previa, que fue estimada parcialmente no dando por consumidos los 228 días si bien desestimó el reconocimiento de 720 días. Tras interponer demanda el JS desestimó su pretensión. El TSJ la revoca y le reconoce el derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo durante 720 días, por considerar que el tiempo durante el cual la trabajadora permaneció en situación de suspensión de contrato por ERTE-Covid debe entenderse como cotizado para percibir la prestación de desempleo. La Sala IV afirma que el tiempo de suspensión contractual por causa de fuerza mayor asociada a los efectos de la pandemia (ERTE) no computa como cotizado a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. Aplica las normas comunes por no existir una previsión específica en la regulación de los ERTEs. Estima el recurso de casación para la unificación de doctrina. Sigue la doctrina fijada en STS Pleno 980/2023, de 16 noviembre (rcud 5326/2022), seguida por otras muchas.
Resumen: Desempleo: el tiempo de suspensión contractual por causa de fuerza mayor asociada a los efectos de la pandemia (ERTE) no computa como cotizado a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. En ausencia de previsión específica por parte de la legislación, especialmente destinada a disciplinar ese supuesto, hay que estar a las reglas comunes contenidas en la LGSS.
Resumen: Se revoca la prestación por desempleo reconocida y el reintegro de la prestación indebida al tener ingresos por actividades económicas en régimen de estimación directa por un importe de 1.840 euros, resultando un rendimiento neto reducido de 777,77 euros. La prestación por desempleo son incompatibles con el trabajo por cuenta propia, aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en alguno de los regímenes de la Seguridad Social o en alguna mutualidad de previsión social, pero la jurisprudencia contempla excepciones cuando se trata de actividades en las que concurra el esencial y más relevante elemento de su total y absoluta irrelevancia económica, hasta el punto de considerarse ocupaciones marginales que ni tan siquiera puedan calificarse con cierta propiedad como trabajos por cuenta propia; por consiguiente, como es el caso, tampoco puede imponerse la sanción de extinción de la prestación de desempleo, cuando el beneficiario ha omitido la comunicación a la entidad gestora de la obtención de rendimientos económicos absolutamente insignificantes.
Resumen: Recurre el beneficiario de la prestación de desempleo su sanción de la exintición (con reintegro de las indebidamente percibidas) al haber actuado fraudulentamente en su obtención (en la modalidad de pago único); oponiéndose a la presunción de certeza del Acta de Infracción de la Inspección de Trabajo y de la que resulta que tenía un contrato indefinido que extinguió por excedencia voluntaria para seguidamente celebrar un contrato eventual, resuelto a los 3 dias por no superar el período de prueba. Procediendo sin practica solución de continuidad a constituir una comunidad de bienes para montar un taller de reparación y venta al por menor en el local comercial donde había estado contratado. Tras remitirse a la normativa reguladora de la prestación litigiosa (y su jurisprudencial hermenéutica) en conjugada relación con la figura del fraude de ley y su prueba se advierte por la Sala que si bien es cierto que el mero hecho de causar baja en un contrato indefinido no es indicio de fraude por sí solo sú puede serlo (y así se considera) en el contexto en que ello se produce; y que no viene sino a acreditar que el actor habría buscado eludir las consecuencias de la extinción contractual voluntaria en relación con la prestación por desempleo para lucrar dicha prestación en su modalidad de pago único y así buscar financiación para su nueva actividad.
Resumen: Recurre el Ministerio demandado el desfavorable pronunciamiento de instancia que revoca la sanción impuesta a la empleadora (a la que se había condenado a devolver las cantidades indebidamente percibidas) por la comisión de una infracción muy grave al haber cursado irregularmente el alta de una trabajadora en situación de ERTE (ex Covid-19), reiterando que la excedencia voluntaria es una suspensión del contrato que se conforma como una expectativa, que no un derecho (no alcanzando a su destinatario la protección de la contingencia de desempleo). Razón por la cual (a entender de la recurrente) la beneficiaria no tenía derecho a su cobro. Tras recordar los principios informadores del fraude de ley y la carga de su prueba (en conjugada relación con los informadores de una situación excedencia voluntaria, que puede ser mejorada por Convenio) se advierte que en el caso de litis existe un pacto entre las partes un pacto de reincorporación que la empresa hizo efectivo en un contexto (de Pandemia) en el que existía una incertidumbre general sobre la duración del período de actividad a que podía afectar. Y, en este contexto, no cabe apreciar que concurra el tipo infractor referido a una (inacreditada) simulación de la contratación temporal para la obtención indebida de prestaciones, pues la trabajadora estaba unida a la empresa por un contrato indefinido en los términos que se dejan reseñados.
Resumen: Beneficiario de prestación de desempleo tras despido disciplinario con imputaciones genéricas, no combatido judicialmente, impugna la resolución denegatoria de la capitalización de la prestación. La instancia desestima la demanda. La sentencia comentada, confirma la decisión del Juzgado, argumentando que, habiéndose realizado la aportación del capital social, constituido la mercantil en la que el demandante iba a iniciar una actividad, y comenzado a trabajar en ella, con anterioridad a ser despedido, dichos actos preparatorios evidencian que el proyecto empresarial no derivó de la situación legal de desempleo, sino que se trata de una iniciativa de negocio promovida por cuatro personas desvinculada del despido.
Resumen: La beneficiaria percibía subsidio de desempleo desde mayo de 2019; el 1 de abril de 2021 pasó a prestar servicios por cuenta ajena, pero continuó percibiendo el subsidio hasta el 17 de enero de 2022. El 22 de abril de 2022 se le reconoció prestación por desempleo por tener ocupación cotizada de 432 días. Desde 1 de abril de 2022 se le reconoció prestación de invalidez no contributiva, acordándose la revocación del subsidio desde 01/04/2021 al 17/01/2022 y la prestación en el periodo de 18-4-2022 a 30-6-2022. Se concluye que las normas que regulan la compatibilidad de la pensión de invalidez no contributiva con el trabajo, no resultan contradictorias y mucho menos originan una antinomia, por el contrario, debe interpretarse qué la invalidez no contributiva es pensión compatible con el trabajo a los efectos de delimitar la compatibilidad de esta con la prestación o el subsidio por desempleo; de este modo, si una pensión no contributiva es compatible con el trabajo, difícilmente puede reputarse incompatible con el subsidio y la prestación por desempleo originado como consecuencia de dicho trabajo.
Resumen: Trabajadora afectada por varios ERTE COVID, que con anterioridad al inicio del primero de ellos acreditaba más de 6 años de ocupación cotizada, impugna la resolución que le reconoce la prestación solicitada tras la finalización del último ERTE con una duración de 540 días, solicitando que judicialmente se incrementen a 700. La instancia estima la demanda. La sentencia comentada, acepta una revisión fáctica, y, luego de excluir la resolución el tema planteado por el SERIS en el escrito de formalización, respecto a la procedencia de descontar los días de derecho ya reconocidos por los ERTE, por constituir una cuestión nueva, no alegada en la instancia, confirma la decisión del Juzgado, argumentando que, del periodo de 6 años anteriores a la situación legal de desempleo en el que ha de computarse el tiempo de cotización acreditada a efectos de determinar la duración del derecho a la prestación, deben excluirse a modo de paréntesis, los de afectación por los ERTE, por cuanto, solo de tal forma se cumple la finalidad de la norma de urgencia de que las prestaciones extraordinarias durante la emergencia sanitaria no afecten, ampliando, ni reduciendo, las prestaciones ordinarias de desempleo a las que se tendría derecho de no haber causado aquellas.
Resumen: La sentencia apuntada resuelve un RCUD planteado por un bombero a quien se denegó la jubilación anticipada porque, en la fecha del hecho causante, ya no estaba en situación de alta como bombero al haber sido declarado en incapacidad permanente total. El JS reconoció su derecho a la jubilación anticipada con los coeficientes reductores previstos para los bomberos (RD 383/2008) y el INSS Social recurrió en suplicación. El TSJ revocó dicha resolución al entender que el art. 5 del RD 383/2008 exigía que el bombero estuviera de alta hasta el momento de la solicitud, requisito que el demandante no cumplía. El TS, tras analizar la normativa de la LGSS y el RD 383/2008, concluye que este último introduce un requisito adicional -la necesidad de permanecer de alta; no exigido por la propia LGSS. Cuando la ley ha querido imponer esa permanencia en alta para la jubilación anticipada por actividades especialmente penosas (como en los casos de Ertzaintza, Mossos de Esquadra o Policía Foral), lo ha hecho de forma expresa. Al no preverlo para el colectivo de bomberos, el RD 383/2008 incurre en exceso reglamentario. Por tanto, el Supremo determina que el demandante tiene derecho a la jubilación anticipada a pesar de no encontrarse en alta en la fecha del hecho causante, pues había cumplido con la edad mínima requerida (60 años, computados tras la aplicación del coeficiente reductor).
